De tantas veces negada, la posibilidad de que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman pase a manos de un juez federal lucía tan remota como improbable. Hasta ayer. El dictamen del fiscal Sáenz –quien tomó argumentos de las dos querellas para fundamentar lo que ya venía sosteniendo en los medios– instaló por primera vez en el expediente la palabra que desde hace un año ya aturdía en las calles: homicidio.

De ser convalidado por la sala VI de la Cámara del Crimen, el cambio de fuero en el que se investigará el caso conllevará otras dos noticias impactantes: que al menos hay dudas consistentes de que Nisman fue asesinado, y que ese posible crimen habría ocurrido a causa del trabajo de Nisman como fiscal federal de la Nación.

 

El paso siguiente, inevitable para cualquier juez que tome el expediente, debería ser la citación de la ex presidenta Cristina Fernández como testigo. ¿Los motivos? Antes de morir, Nisman la acusó de habar intentado encubrir el atentado a la AMIA de 1994 pergeñando, impulsando y firmando el Memorándum de Entendimiento con Irán. Pero no es todo: Cristina debería explicar qué hizo durante el domingo 18 de enero de 2015, cuáles fueron sus comunicaciones telefónicas ese día, cómo se enteró de la muerte de Nisman –en una cadena nacional afirmó haberse anoticiado por una llamada de la ex ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, pero el ex secretario de esa cartera Sergio Berni dijo haber sido él quien le avisó– y qué medidas dispuso en ese momento, por ejemplo.

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Que quede claro: esa hipotética –pero cada vez más posible– cita judicial no vincularía de ningún modo a Cristina con el supuesto asesinato, pero necesariamente la incorporaría como protagonista del expediente. ¿Por qué sus funcionarios atiborraron el departamento de Le Parc la noche en que encontraron muerto a Nisman? ¿Por qué en sus cartas publicadas en Facebook primero avaló la tesis del suicidio (“el suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevo a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida”, escribió) y tres días después sorprendió con una postura opuesta (habló de “el suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio” y terminó con un rotundo “no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas” )? Preguntas que cualquier juez debería formular.

La posible mudanza del inconcluso expediente Nisman hacia Comodoro Py entregaría también otra potente señal respecto a la nueva disposición de los jueces federales a mojar sus pies en las turbulentas aguas de la política: hace dos semanas, la jueza María Servini de Cubría aceptó tomar en sus manos la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez, para unificarla con la del tráfico ilegal de efedrina. Como Nisman, se trata de otra bomba política. Y las dos preocupan al kirchnerismo.