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REPRESORES

24 de julio de 2013

Los heridos del affaire Milani en un Gobierno convulsionado

Rossi, Pichetto y el secretario de Derechos Humanos, miembro de La Cámpora, quedaron expuestos en medio de la ira presidencial. Los senadores aliados que hicieron peligrar el quórum en el Senado.

Toda la información sobre las personas que tuvieron algún tipo de participación en la última dictadura militar se encuentra en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Eso es así desde que la CONADEP entregó su informe final al presidente Raúl Ricardo Alfonsín en el año el 20 de septiembre de 1984.

Por esa razón, desde sectores del Peronismo estalló el enojo con los funcionarios nacionales que no alertaron sobre lo que podría suceder cuando la Presidenta elevara, al Senado de la Nación, el pliego de César Santos Gerardo Del Corazón de Jesús Milani.

“¿Por qué una organización no gubernamental tiene mayor o más detallada información sobre un militar que el propio Estado?” se pregunta la integrante de esa memorable comisión, Graciela Fernández Meijide.

Preguntas similares se repitieron entre peronistas que hoy, deben pagar el costo de un caso que estalló cuando el CELS, ONG que conduce el periodista Horacio Verbitsky, desnudó parte del pasado del militar preferido de Cristina.

El ministro de Defensa, llegado allí más como una solución al tema electoral de la provincia de Santa Fe que a un conocimiento del rubro, es uno de los más golpeados por el caso. Es más: este miércoles, Agustín Rossi deberá enfrentar los flashes de los reporteros gráficos, donde recorrerá brigadas militares en Tandil junto al militar ratificado por la Presidenta.

Miguel Ángel Pichetto es el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria y ha “bancado” todos los proyectos llegados desde el Poder Ejecutivo durante el kirchnerismo. Pero este año, de definiciones electorales, el costo a pagar por el caso Milani no lo conforma.

Pensando ya en su turno como gobernador de su provincia de Río Negro, no le causó gracia la idea de tener que poner el cuerpo para sostener a un hombre señalado por hechos vinculados a la represión.

A los peronistas del Senado molestó que, luego de subirse a la bandera de los derechos humanos enarbolada desde el año 2003 por los Kirchner, ahora deban pagar costos por un caso polémico y además, que haya sido capitalizado por la oposición, con el senador radical Gerardo Morales a la cabeza.

Pero fieles a la línea de aprobar lo que llega desde Balcarce 50, la marcha atrás con el pliego llegó cuando se supo que crujía el quórum. Las deserciones de aliados como la correntina Josefina Meabe, los dos de Tierra del Fuego (ex ARI, hoy con Martín Sabbatella) y el neuquino Horacio Lores del MPN, complicarían el tratamiento.

Daniel Filmus, consciente de que su presencia en el caso no lo ayudaría en tiempos de elecciones, renunció a participar de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta; su salida de ese ámbito fue mal vista por sus pares, quienes no pudieron imitar ese recurso a tono “me quiero ir” de Hernán Lorenzino.

Pero el mayor conflicto está instalado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, que conduce Martín Fresneda. Este abogado, hijo de desaparecidos y fundador de la agrupación H.I.J.O.S., tiene que contar con toda la información fehaciente sobre los casos de represores a metros de su oficina.

¿No accedió a ella por desidia o lo que hizo fue ocultar esa data que debería haber llegado a las manos de la propia Presidenta de la Nación?

Más allá de que Cristina salió ayer, en cadena nacional, a decir que no permitiría “linchamientos mediáticos”, el rol de su funcionario en el ámbito de los Derechos Humanos, debió ser el de acercarle toda la información del caso para que la mandataria decida.

Demasiados costos a pagar en un tema donde comprometió, incluso, a Estela de Carlotto, quien a principio de esta semana respaldó la designación de Milani al frente del Ejército y aseguró que desde la entidad que lidera "respetan las decisiones de la presidente Cristina de Kirchner".

Luego, debió cambiar el rumbo y poner en duda el apoyo a esa designación por parte de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero fue el segundo informe del CELS, difundido el pasado lunes y luego de la nota en el diario Página/12 de Verbitsky, lo que terminó de fastidiar a la Presidenta, quien ordenó dar marcha atrás en el ascenso de Milani.

Los costos no serán mayormente para los senadores, quienes no mostraron mayor ímpetu en el caso. Habrá que ver hasta dónde le restan a una Presidenta, que utiliza en período electoral, una cadena nacional para mostrar su enojo por un tropiezo más.

Fuente: AGP /Clarin

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