Miércoles 23 de Septiembre de 2020

Hoy es Miércoles 23 de Septiembre de 2020 y son las 10:08 ULTIMOS TITULOS: Godoy Cruz le arruinó la fiesta a San Martín y se quedó con la victoria / Jóvenes voluntarios realizaron tareas de higiene urbana y difusión sanitaria en Florencio Varela / PabloTrapero ganó el León de Plata en Venecia / San Lorenzo defiende la punta en el clásico ante Huracán con todo el Ducó en contra / Scioli respaldó la continuidad de Fútbol para Todos y se diferenció de los dirigentes de Cambiemos / Independiente se dio el gran gusto y goleó a Racing ante su gente / Olimpo recibe a Sarmiento en Bahía Blanca / Atrapamiento y recuperación del alma / Messi marcó el gol del triunfo ante el Atlético de Madrid / El desmesurado universo de la literatura fantástica / Castro: "La victoria de Corbyn expresa el rechazo a las políticas de austeridad que afectan a los que menos tienen" / Sin escapatoria en la frontera sur de Hungría / Francisco criticó el sistema actual "que desplazó al hombre del centro y puso al dinero" / El jefe del ELN ratificó la disposición a negociar pero advierte sobre la reedición de una "coordinadora guerrillera" / Recordarán en Entre Ríos al milagrero Lázaro Blanco, a 129 años de su muerte / Argentinos recuperó la sonrisa y le ganó a Nueva Chicago de visitante / Nostalgia de las relaciones carnales / Scioli convocó a "ir hacia adelante a partir del 25 de octubre y no para atrás" / Macri prometió "universalizar un ingreso ciudadano" y fijó como meta el "hambre 0" / Ahora 12 superó los 30.000 millones de pesos en ventas /

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EL CLIMA

JUDICIALES

10 de junio de 2013

Denuncian por "Traición a la Patria" a Diputados y Senadores

(AGP).-La denuncia fue presentada por Carlos Bustos y recayó ante el Juez Federal Claudio Bonadio. Bustos es un dirigente creador del famosos "Que se vayan todos" en épocas de la caída del gobierno de Fernando De La Rúa. Vea texto completo de la denuncia.-

El que suscribe acaba de presentar una denuncia penal por TRAICION A LA PATRIA contra todos los diputados y senadores nacionales que votaron la Ley de Reforma a la justicia, delegando facultades extraordinarias al PE. acto prohibido por el art. 29 de la Constitucion. La misma ha sido radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 - Juez Bonadío - Nro. de causa 5324/13.-
SE PRESENTA - FORMULA DENUNCIA - SOLICITA INVESTIGACION DE LOS HECHOS IMPUTADOS.-
Sr. Juez:
CARLOS BUSTOS, por su propio derecho, con domicilio en la Avda. Cordoba 5779 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se constituye el procesal ( zona de notificación 186) a V.S. respetuosamente expreso: 
I.- OBJETO: Que vengo a efectuar formal denuncia contra las personas que a continuación se detallan y que en su carácter de diputados y senadores de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación Argentina han incurrido, a entender de éste denunciante, en el delito de Traición a la Patria y/o en el que V.S. entienda se le endilgue a los denunciados por los hechos que a continuación se narran y/o en los que resulten de la definitiva investigación de los hechos, solicitando desde ya se abra la investigación pertinente.-
DIPUTADOS DE LA NACION 
1) ABDALA de MATARAZZO, Norma Amanda 
Santiago del Estero 
Frente para la Victoria –PJ
2) ALBRIEU,Oscar Edmundo Nicolás
Rio Negro
Frente para la Victoria - PJ
3) ALONSO, María Luz
La Pampa
Frente para la Victoria - PJ
4) ARENA, Celia Isabel
Santa Fe
Frente para la Victoria - PJ
5) ARREGUI, Andrés Roberto
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
6) AVOSCAN, Herman Horacio
Rio Negro
Frente para la Victoria - PJ
7) BALCEDO, María Ester
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ  BARRANDEGUY, Raúl Enrique
Entre Ríos
Frente para la Victoria - PJ
9) BASTERRA, Luis Eugenio
Formosa
Frente para la Victoria - PJ
10) BEDANO, Nora Esther
Córdoba
Frente para la Victoria - PJ
11) BERNAL, María Eugenia
Jujuy
Frente para la Victoria - PJ
12) BERTONE, Rosana Andrea
Tierra del Fuego
Frente para la Victoria - PJ
13) BIANCHI, María del Carmen
Cdad. Aut. Bs. As.
Frente para la Victoria - PJ
14) BIDEGAIN, Gloria Mercedes
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
15) BRAWER, Mara
Cdad. Aut. Bs. As.
Movimiento Popular Neuquino
16) BRILLO, José Ricardo
Neuquén
Frente para la Victoria - PJ
17) BROMBERG, Isaac Benjamín
Tucumán
Frente Cívico por Santiago
BRUE, Daniel Agustín
Santiago del Estero
Frente para la Victoria - PJ
CALCAGNO, Eric
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
CARLOTTO, Remo Gerardo
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
CARMONA, Guillermo Ramón
Mendoza
Frente para la Victoria - PJ
CARRILLO, María Del Carmen
Tucumán
Frente para la Victoria - Partido Bloqui AFIRMATIVO
CASELLES, Graciela María
San Juan
Frente para la Victoria - PJ
CATALAN MAGNI, Julio César
Tierra del Fuego
Frente para la Victoria - PJ
CEJAS, Jorge Alberto
Rio Negro
Frente para la Victoria - PJ
CHIENO, María Elena
Corrientes
Frente para la Victoria - PJ
CIAMPINI, José Alberto
Neuquén
Frente para la Victoria - PJ
CIGOGNA, Luis Francisco Jorge
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
CLERI, Marcos
Santa Fe
Movimiento Popular Neuquino
COMELLI, Alicia Marcela
Neuquén
Frente para la Victoria - PJ
CONTI, Diana Beatriz
DOMINGUEZ,, Julián Andrés
Frente para la Victoria - PJ
CONTRERA, Mónica Graciela
Chubut
Frente para la Victoria - PJ
CORDOBA, Stella Maris
Tucumán
Frente para la Victoria - PJ
CURRILEN, Oscar Rubén
Chubut
Frente para la Victoria - PJ
DATO, Alfredo Carlos
Tucumán
Frente para la Victoria - PJ
De PEDRO, Eduardo Enrique
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
DEPETRI, Edgardo Fernando
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
Di TULLIO, Juliana
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
DIAZ BANCALARI, José María
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
DIAZ ROIG, Juan Carlos
Formosa
Frente para la Victoria - PJ
DONKIN, Carlos Guillermo
Formosa
Frente para la Victoria - PJ
ELORRIAGA, Osvaldo Enrique
Entre Ríos
Frente para la Victoria - PJ
FELETTI, Roberto José
Cdad. Aut. Bs. As.
Frente para la Victoria - PJ
FELIX, Omar
Mendoza
Frente para la Victoria - PJ
FERNANDEZ SAGASTI, Anabel
Mendoza
Frente para la Victoria - PJ
FERRA de BARTOL, Margarita
San Juan
Frente para la Victoria - PJ
FERREYRA, Araceli
Corrientes
Renovador de Salta
FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
Salta
Frente para la Victoria - PJ
FORCONI, Juan Carlos
Santa Fe
Frente para la Victoria - PJ
FRANCIONI, Fabián Marcelo
Córdoba
Frente para la Victoria - PJ
GALLARDO, Miriam Graciela del Valle
Tucumán
Frente para la Victoria - PJ
GARCIA LARRABURU, Silvina Marcela
Rio Negro
Frente para la Victoria - PJ
GARCIA, Andrea Fabiana
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
GARCIA, María Teresa
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
GDANSKY, Carlos Enrique
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
GIACCONE, Claudia Alejandra
Santa Fe
Frente para la Victoria - PJ
GIACOMINO, Daniel Oscar
Córdoba
Frente para la Victoria - PJ
GIANNETTASIO, Graciela María
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
GONZALEZ, Juan Dante
Mendoza
Frente para la Victoria - PJ
GONZALEZ, Nancy Susana
Chubut
Frente para la Victoria - PJ
GRANADOS, Dulce
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
GROSSO, Leonardo
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
GUCCIONE, José Daniel
Misiones
Frente para la Victoria - PJ
GUTIERREZ, Mónica Edith
Córdoba
Movimiento Popular Neuquino
GUZMAN, Olga Elizabeth
Neuquén
Nuevo Encuentro
HARISPE, Gastón
Buenos Aires
HELLER, Carlos
Cdad. Aut. Bs. As.
Frente para la Victoria - PJ
HERRERA, Griselda Noemí
La Rioja
Frente Cívico por Santiago
HERRERA, José Alberto
Santiago del Estero
Frente para la Victoria - PJ
IANNI, Ana María
Santa Cruz
Nuevo Encuentro
JUNIO, Juan Carlos Isaac
Cdad. Aut. Bs. As.
Frente para la Victoria - PJ
KOSINER, Pablo Francisco Juan
Salta
Frente para la Victoria - PJ
KUNKEL, Carlos Miguel
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
LANDAU, Jorge Alberto
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
LARROQUE, Andrés
Cdad. Aut. Bs. As.
Frente para la Victoria - PJ
LEVERBERG, Stella Maris
Misiones
Frente para la Victoria - PJ
LLANOS, Ermindo Edgardo Marcelo
Jujuy
Frente para la Victoria - PJ
LOTTO de VECCHIETTI, Inés Beatriz
Formosa
Frente para la Victoria - PJ
MARTINEZ, Oscar Ariel
Santa Fe
Frente para la Victoria - PJ
MENDOZA, Mayra Soledad
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
MENDOZA, Sandra Marcela
Chaco
Frente para la Victoria - PJ
METAZA, Mario Alfredo
Santa Cruz
Frente para la Victoria - PJ
MOLINA, Manuel Isauro
Catamarca
Frente para la Victoria - PJ
MONGELO, José Ricardo
Chaco
Frente para la Victoria - PJ
MORENO, Carlos Julio
Buenos Aires
Frente Cívico por Santiago
NAVARRO, Graciela
Santiago del Estero
Frente para la Victoria - PJ
NEBREDA, Carmen Rosa
Córdoba
Frente Cívico por Santiago
OLIVA, Cristian Rodolfo
Santiago del Estero
Frente para la Victoria - PJ
OPORTO, Mario Néstor
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
ORTIZ CORREA, Marcia Sara María
Catamarca
Frente para la Victoria - PJ
ORTIZ, Mariela
Jujuy
Frente para la Victoria - PJ
PAIS, Juan Mario
Chubut
Frente Cívico por Santiago
PASTORIZA, Mirta Ameliana
Santiago del Estero
Frente para la Victoria - PJ
PERIE, Julia Argentina
Misiones
Frente para la Victoria - PJ
PEROTTI, Omar Angel
Santa Fe
Frente para la Victoria - PJ
PERRONI, Ana María
Corrientes
Frente para la Victoria - PJ
PIETRAGALLA CORTI, Horacio
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
PILATTI VERGARA, María Inés
Chaco
Frente para la Victoria - PJ
PUIGGROS, Adriana Victoria
Buenos Aires
Nuevo Encuentro
RAIMUNDI, Carlos
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
RECALDE, Héctor Pedro
Buenos Aires
REDCZUK, Oscar Felipe
Misiones
Partido Justicialista La Pampa
REGAZZOLI, María Cristina
La Pampa
Frente para la Victoria - PJ
RIOS, Liliana María
Entre Ríos
Frente para la Victoria - PJ
RIOS, Roberto Fabián
Corrientes
Frente para la Victoria - PJ
RISKO, Silvia Lucrecia
Misiones
Frente para la Victoria - PJ
RIVAROLA, Rubén Armando
Jujuy
Frente para la Victoria - PJ
RIVAS, Jorge
Buenos Aires
Partido Justicialista La Pampa
ROBLEDO, Roberto Ricardo
La Pampa
Frente para la Victoria - PJ
ROSSI, Agustín Oscar
Santa Fe
Frente Cívico por Santiago
RUIZ, Aida Delia
Santiago del Estero
Frente para la Victoria - PJ
SALIM, Juan Arturo
Tucumán
Frente para la Victoria - PJ
SANTILLAN, Walter Marcelo
Tucumán
Frente para la Victoria - PJ
SCIUTTO, Rubén Darío
Tierra del Fuego
Frente para la Victoria - PJ
SEGARRA, Adela Rosa
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ
SIMONCINI, Silvia Rosa
Santa Fe
Frente para la Victoria - PJ
SOLANAS, Julio Rodolfo
Entre Ríos
Frente para la Victoria - PJ
SOTO, Gladys Beatriz
Chaco
Frente para la Victoria - PJ
TINEO, Javier Héctor
La Rioja
Frente para la Victoria - PJ
TOMAS, Héctor Daniel
San Juan
Frente para la Victoria - PJ
UÑAC, José Rubén
San Juan
Frente para la Victoria - PJ
VILARIÑO, José Antonio
Salta
Frente para la Victoria - PJ
VILLA, José Antonio
San Juan
Frente Peronista Federal
WAYAR, Walter Raúl
Salta
Frente para la Victoria - PJ
YARADE, Rodolfo Fernando
Salta
Frente para la Victoria - PJ
YAZBEK, Rubén David
Catamarca
Frente para la Victoria - PJ
ZAMARREÑO, María Eugenia
Buenos Aires
Frente para la Victoria - PJ

ZIEBART, Cristina Isabel
Chubut
Frente para la Victoria - PJ
ZIEGLER, Alex Roberto
Misiones

SENADORES DE LA NACION
AGUIRRE, HILDA CLELIA
BARRIONUEVO WALTER B.
BERMEJO, ROLANDO ADOLFO
BANCALARI, FABIO DARIO
BLAS, INES
BONGIORNO, MARIA JOSE
CABANCHIK, SAMUEL MANUEL
CABRAL SALVADOR
COLAZO, MARIO JORGE
CORRADI de BELTRAN, ANA MARIA
CORREGIDO, ELENA MERCEDES
DE LA ROSA, MARIA G.
DIAZ, MARIA ROSA
ESCUDERO, SONIA MARGARITA
FELLNER, LILIANA BEATRIZ
FERNANDEZ, ANIBAL
FILMUS, DANIEL FERNANDO
FUENTES, MARCELO JORGE
GIMENEZ, SANDRA D.
GODOY, RUPERTO EDUARDO
GONZALEZ, PABLO G.
GUASTAVINO, PEDRO GUILLERMO ANGEL
GUINLE, MARCELO ALEJANDRO HORACIO
HIGONET, MARIA DE LOS ANGELES
IRRAZABAL, JUAN MANUEL
ITURREZ DE CAPELLINI, ADA ROSA DEL VALLE
LABADO, MARIA ESTER
LATORRE, ROXANA ITATI
LEGUIZAMON, MARIA LAURA
LOPEZ, OSVALDO RAMON
LORES, HORACIO
LUNA, MIRTA M.T.
MANSILLA SERGIO FRANCISCO
MAYANS, JOSE MIGUEL ANGEL
PARRILLI, NANCI MARIA AGUSTINA
PERSICO, DANIEL RAUL
PICHETTO, MGUEL ANGEL
RIOFRIO, MARINA RAQUEL
ROJKES DE ALPEROVICH, BEATRIZ LILIANA
ROLDAN, JOSE MARIA
ROMERO, JUAN CARLOS
RUIZ DIAZ, ELSA B.

I- LOS HECHOS QUE DAN LUGAR A LA DENUNCIA:
Conforme surge de los Orden del dia Nro. 1905 art. 2 , 3ra sesión especial, 3ra. Reunión Acta Nro. 34 llevada a cabo por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 25-4-2013 -Copia adjunta- y Orden del dia 135 Acta Nro 3 del Honorable Senado de la Nacion de fecha 8-5-2013, donde se trato la modificación a la Ley 24937 por proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional –se adjunta copia- y al efecto de hacer proclamar con fuerza de Ley por ambas Cámaras la mal llamada “Democratización de la Justicia”, y que fue promulgada por la sesión de Diputados ut-supra mencionada, y por el Honorable Senado de la Nación con fecha 8 de mayo ppdo.; los denunciados han votado a favor de las referidas normas.-
Que el llamado proyecto de democratización de la justicia constituye indubitablemente la voluntad por parte del Poder Ejecutivo Nacional de cooptar uno de los tres poderes en que se apoya el sistema republicano de gobierno, utilizando sus mayoría en el Poder Legislativo para concentrar en su seno la suma del Poder Público por los motivos que paso a exponer:
II-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Modificación de la Ley 24.937.-
El aumento de consejeros promovido para el Consejo de la Magistratura que entraña la incorporación de 6 consejeros adicionales a los 13 actuales conformando 19 miembros, constituye una violación del art. 114 de nuestra Constitución Nacional.
Efectivamente el art. mencionado prescribe: “El Consejo de la Magistratura regulado por una Ley Especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la Administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matricula federal. Sera integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley… 
Nos encontramos V.S., en ésta instancia, ante un avasallamiento y una violación de lo estatuido por la Carta Magna, ya que en nuestro sistema democrático solo pueden ser representantes de la voluntad popular, aquellas personas que representan a los órganos políticos, como legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, o sea de dos poderes del Estado.-
Se deja constancia que permitir lo contrario, como ordena la norma en cuestión, sería convertir el único Poder (Judicial), independiente del Ejecutivo y de la voluntad popular, en un apéndice de los otros dos Poderes Estatales, lo que no solo contradice desde la División de Poderes de Montesquiu, sino además, toda la trayectoria de nuestros antepasados, el espíritu de los constituyentes de 1853 y de los de 1994.-
Lo expuesto, toda vez que pretender que por voluntad popular se elija a los representantes de los abogados, jueces y académicos, desnaturaliza los derechos adquiridos por diferentes instituciones, como las colegiaturas profesionales y además, viola de manera inequívoca la Constitución, pues lo cierto es que de ninguno de sus artículos, surge la potestad Estatal, para legislar la norma en cuestión; pues si la propia Constitución, no permite en parte alguna de su articulado, la elección del Consejo de la Magistratura por voluntad popular, es imposible hacerlo por una ley común de menor jerarquía, sin violar los preceptos constitucionales, ya que lo cierto es que si ello hubiere estado en el espíritu de los Constituyentes de 1994, así lo hubieren redactado al momento de la reforma.-
El Consejo fue establecido por la reforma Constitucional de 1994 como órgano que designa, controla y lleva a cabo la investigación y sanción de los Jueces de la Nación y fue creado para que no solo perdurara en el tiempo, sino que fuera equitativo en su composición desde su origen. La primera ley orgánica del Consejo, la 24.937 - estableció un exacto equilibrio en la representación de los distintos segmentos que lo integraban, y así cumplió exactamente con el mandato constitucional.- 
De los 20 miembros primitivos, nueve eran del segmento político: ocho legisladores (cuatro por el oficialismo y dos por la primera y segunda minoría), más un representante del Poder Ejecutivo. Los jueces eran cuatro, así como los abogados, y eran elegidos por sus pares. Completaba la nómina un académico o científico, seleccionado por el Consejo Interuniversitario Nacional. El organismo era presidido por el presidente de la Corte Suprema. “Ninguno podía imponer por sí solo su decisión. Este equilibrio se quiebra en 2006, bajo el pretexto, levantado por el Poder Ejecutivo, de que era muy burocrático y tenía un costo muy elevado de mantenimiento para justificar la reelección de sus miembros, de 20 quedaron en 13. Del segmento político, los integrantes pasaron a ser siete, de los cuales nada menos que cinco pertenecían al oficialismo -dos diputados, dos senadores y el representante del PEN- . A la oposición -sólo a la primera minoría- pasó a corresponderle un diputado y un senador. El académico se mantuvo, los jueces se redujeron a tres y los abogados, a dos. O sea que, sin la conformidad del oficialismo no se podía decidir la terna de jueces ni el juicio político”. Las decisiones se tomaban por mayoría especial, es decir, los dos tercios de los miembros. 
Paradójicamente, el Poder Ejecutivo volvió a impulsar el aumento de miembros, ahora a 19. Como ya es conocido, el Consejo pasará a estar integrado por 19 miembros, todos elegidos por el pueblo de la Nación en las primarias venideras. Serán tres jueces nacionales y dos abogados con matrícula federal -en ambos casos, dos por la lista que resulte ganadora por mayoría simple y uno por la que resulte en segundo lugar-; seis representantes de académicos -cuatro por la lista que resulte ganadora por mayoría simple y dos por la que resulte en segundo lugar-; y seis legisladores nacionales -tres por cada cámara, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría-; y un representante del Poder Ejecutivo. No hay que hacer demasiadas cuentas para notar que el partido político que se imponga en las próximas elecciones obtendrá 13 miembros, con lo que se alzará con la mayoría absoluta -la mitad más uno- requerida ahora para el nombramiento y remoción de Magistrados.-
Lo cierto V.S. es que la Constitución - Carta Magna creadora del Estado Argentino – no es susceptible de una reforma diaria, ni por años, ni siquiera cada diez años. Las normas constitucionales son creadas por el espíritu de los constituyentes para que perduren en el tiempo y sean útiles en el transcurso de los pueblos, pues solamente de dicha manera son susceptibles de aplicarse de manera justa los preceptos que la norma fundamental regla, normas que no son susceptibles de modificación por el solo arbitrio de un Gobierno de turno, pues la norma fundamental, se encuentra por encima de éste y ha sido creada para perdurar y reglar el destino de los Argentinos antes de cualquier gobierno de turno y luego de que él mismo, deje el Poder Estatal y no es muy difícil de saber el porqué de ello, ya que lo simple del concepto V.S., es precisamente lo que el Ejecutivo no pretende acatar y es que la Carta Magna, está por encima de sus decisiones y de la totalidad de las leyes que se dicten, pues como se dijo, es el órgano rector del Estado Argentino, no es de un partido político, no es de ninguno de los 3 poderes ya que la misma norma los crea en 1853; sino que es lo que rige sin lugar a dudas, con sus aciertos, con sus virtudes y con sus errores, el destino del Pueblo, gobernado a través del Estado.- 
La Constitución crea los 3 Poderes del Estado, precisamente, para que uno sea el equilibrio del otro, para que cada uno al momento de ejercer el poder que le es conferido, tenga un coto y que ese poder ejercido mediante el “balanceo” de los tres de manera independiente, sea el equilibrio necesario para el respeto de la misma en cuanto a las normas que reglan al Estado en su conjunto y a los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos del país.- 

La ley denunciada significa la demolición del Poder Judicial, no la democratización, como el Ejecutivo pretende hacer parecer. Uno de los objetivos del artículo 114 de nuestra Carta Magna, planteado en el segundo párrafo, era justamente “afianzar la independencia” de la Justicia. Allí la expresión clara, es el equilibrio. Con respecto a los jueces, los abogados y los académicos, no dice que tienen que ser electos por el voto popular. Los únicos que deben representar la voluntad popular son los órganos políticos, lo cual es perfecto, salvo en que al aumentar los miembros de los mismos, el partido que gane las elecciones, tiene mayoría absoluta sobre los demás miembros y en definitiva y el resultado es lo que cuenta, por más que los miembros que representen a los jueces, a los abogados sean elegidos por sus pares y aún cuando los académicos, sean elegidos por las universidades; se impondrá una mayoría partidaria, que si bien tiene que ser elegida por voto popular, desnaturaliza y restringe la participación y votación de los restantes miembros, coartando de ésta manera la opinión y el ejercicio de los derechos de los restantes miembros, que es sin lugar a dudas una contradicción con la función que se le otorgó al Consejo, por medio de la reforma de 1994.- 

Es indudable que el logro de una mayoría circunstancial por parte del poder ejecutivo en los comicios, afectará inevitablemente el equilibrio del que habla dicho artículo. Es más, el nombramiento y la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados ha sido modificado con la presente ley desde un requerimiento anterior de 2/3 de sus componentes a una mayoría absoluta, lo que torna aun mas grave la injerencia del poder ejecutivo en un organismo diseñado para garantizar el equilibrio de las distintas fuerzas y el impedimento de la comisión de arbitrariedades en el mecanismo tanto de nombramiento como remoción de jueces. Los aspirantes a jueces y abogados del Consejo, deberían integrar boletas electorales de partidos políticos, con lo cual se violaría el principio constitucional que impide a los jueces participar en política. Asimismo el intento de impedir las cautelares contra el gobierno, promueve un sistema en el que el Poder Ejecutivo deviene en antidemocrático, pues desprotege al más débil y aun no siendo así, vulnera sin lugar a dudas el principio de defensa que establece el art. 18 de la Carta Magna.-
El Poder Judicial V.S. es para la ciudadanía la última valla de protección y amparo. Debe asegurar las libertades públicas y privadas. No puedo entrever como asegurará tales derechos propiciando que quienes deben velar por la ecuanimidad de los jueces, producir su nombramiento y destitución, respondan grosera y abiertamente a una ideología partidaria o a una mayoría del poder Ejecutivo de turno, es un peligro de eventual que no se puede soslayar.-
La diputada Diana Conti, ha querido justificar la reforma judicial que promueve el Gobierno con una frase memorable que sintetiza las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo Nacional “en la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes” –SIC-. Esta es la tesis de una corriente que se autodenomina constitucionalismo popular y que propugna el filosofo Ernesto Laclau, cuyos resultados ya hemos visto en otros países y no es otra cosa que la instauración de un régimen autoritario hegemónico y discrecional donde no hay lugar al disenso ni al amparo judicial contra el gigantesco aparato del estado puesto al servicio de una sola corriente partidaria.- Este sistema no novedoso en su concepción pero si en su anunciación clara, determinada y desenfadada, propone arrasar con las Instituciones de la República, ya que con una sola frase se borra, todo aquél precepto legal constitucional, que la propia carta fundamental regla, precisamente para que no sea de dicha manera, en pocas palabras, rompe los límites de cada poder que son insoslayablemente a efectos de lograr el equilibrio en el ejercicio del poder de los mismos.-

Que los fundamentos de que el constitucionalismo popular prioriza la voluntad popular, donde la mayoría impone su voluntad sobre la minoría, no son suficientes para negar el derecho del acceso a la Justicia y los tribunales a ejercer el control de constitucionalidad de las leyes dictadas por el Congreso; ya que por mandato Constitucional, es el Poder Judicial el llamado a controlar la constitucionalidad de las leyes, mediante sus diferentes Fueros y Magistrados.-
Lo cierto es que a diferencia de lo que opina el constitucionalismo popular, el constitucionalismo institucional, de raigambre liberal y en el que se han basado todos los principios de nuestra Constitución, proclama dos principios fundamentales: la incorporación a los textos constitucionales de una declaración de derechos individuales para proteger la autonomía de las personas y la organización de un sistema de pesos y contrapesos que impide que uno de los poderes se imponga sobre el resto. Por este motivo, se reserva al Poder Judicial la posibilidad de tener la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes emanadas del Poder Legislativo, sede de la soberanía popular. El control judicial de las leyes es el modo práctico de garantizar que el reconocimiento de los derechos fundamentales no sea meramente teórico.-
La posibilidad de que los jueces ejerzan la función del control de constitucionalidad de las leyes, ha sido siempre objeto de intenso debate doctrinario. Se discute la legitimidad del denominado “principio contra mayoritario”, es decir la posibilidad de que el Poder Judicial pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley que ha sido votada por una mayoría de diputados y senadores representativos de la voluntad popular. Sin embargo, este principio ha sido ampliamente aceptado por nuestra Corte Suprema al adoptar la doctrina de la Corte Norteamericana expuesta por primera vez en el año 1803, en el famoso caso “Marbury vs.Madison”; que estableció la Supremacía Constitucional y nuestra Constitución lo recepta en su art. 31.-.
El sistema constitucional debe preservar la división de poderes y el control de la constitucionalidad y ha dotado desde su concepción, de independencia y autonomía al Poder Judicial, para cumplir dicho rol. Sin jueces independientes, o excesivamente dependientes de los otros poderes, como en el caso concreto de su elección a través de listas partidarias, esa independencia se extingue. Como ha señalado Hans Kelsen, “el significado histórico del principio llamado “separación de poderes” radica precisamente en que tal principio va contra la concentración de poderes, más que contra la separación de los mismos”.
Por este motivo, la contrarreforma del Consejo de la Magistratura que pretende el Poder Ejecutivo, es totalmente inconstitucional y entraña a la vez un apartamiento del sistema democrático de los legisladores aquí enumerados que por obediencia debida delegan a través de la promulgación de una ley inconstitucional funciones propias del Poder Judicial en el Poder ejecutivo. Este engendro inconstitucional está claramente dirigido a concentrar mayor poder en el ejecutivo vulnerando el equilibrio que garantiza a lo miembros del Consejo de la Magistratura, el artículo 114 de la Constitución. Con dicha reforma, todo el poder de designar o cesar a los jueces queda en manos de la mayoría que ha ganado las elecciones. La subordinación de los jueces al poder político pasa a ser definitiva y total.
El totalitarismo comunista se basaba en la misma lógica mayoritaria que hoy impulsa al populismo posmarxista: la convicción de que todo está permitido porque representan a las mayorías populares, y sus actuaciones están inspiradas por los mejores ideales.- Lo cierto Sr. Juez, es que en ninguna de las partes de la Constitución se regla que la mayoría se debe imponer sobre la minoría, todo lo contrario, los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna, son derechos individuales, no colectivos y el ejercicio de los mismos también.-
Esta ilusoria fantasía, provocada por la presencia desbordante de los fines sin reparar en los medios, impide reconocer uno de los valores centrales de la democracia moderna: la existencia de derechos políticos y sociales que son la garantía de la expansión de la sociedad civil en espacios que quedan fuera de la esfera política. Las mayorías no tienen el derecho a avanzar sobre esos espacios de libertad de los ciudadanos simplemente porque las mayorías deben ser controladas pues son tan falibles como las propias minorías y aún mas cuando ejercen el poder en forma discrecional como es el caso actual en nuestra Nación. 
La Constitución Nacional, no soporta más manipulaciones ni interpretaciones antojadizas. El sistema Republicano Federal concebido está basado en la División de Poderes y las libertades de los ciudadanos que no pueden ser vulneradas por la imposición antojadiza de mayorías circunstanciales. 
El sistema electoral argentino se canaliza a través de partidos políticos. Si los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos por elecciones partidarias, el partido que obtenga la mayoría podrá tener a los jueces cautivos, al igual que a los legisladores en el Congreso, lo cual implica una concentración de poder inusitada, con el agravamiento de poder destituir con su mayoría, a los jueces que no le sean cooperativos y aunque la decisión final de su apartamiento deba contar con mayorías calificadas en el Senado, el Consejo puede suspender indefinidamente a los jueces que no se encolumnen tras sus políticas, lo que es un terrible insulto para la función judicial, ya que la inamovilidad de un Juez, no fue otorgada para que se proteja en sus fueros para un provecho propio, sino todo lo contrario, fue concebida para que al momento en que el Magistrado tenga que resolver el caso en concreto de cada uno de los justiciables, pueda brindar un servicio de justicia digno, sin presiones ni atadura alguna.-
Hemos presenciado casos de jueces de dudosa moralidad cuyo tratamiento de destitución fue dilatado por la mayoría del Consejo hasta cumplir los términos de su suspensión y repuestos así en sus funciones. Esto se verá agravado con la dependencia absoluta y total de los magistrados que en algunos casos podrían ser apartados con mayorías arbitrarias y en otros directamente se encolumnaran con los designios del Poder Ejecutivo simplemente por su pertenencia a la ideología que los propugne como candidatos vinculados a sus listas partidarias. Esto implicaría de hecho una negación de justicia arbitraria y desenfadada por parte de un solo poder. Más grave aún es la incorporación a último momento en el texto aprobado, del condicionamiento para participar con candidatos al Consejo de la Magistratura impuesto a los partidos políticos. En efecto se requiere presencia del partido o alianza electoral en 18 distritos electorales, asegurando de ese modo y desde ya la supremacía del Poder de turno. Un verdadero dislate encaminado a obtener de manera ilegitima un manejo discrecional del organismo encargado de promover la designación o remoción de los jueces. Garantizaría el control Total del Consejo de la Magistratura y en otro orden de cosas la posibilidad legal de que los jueces partidarios, pudieran brindar un grado de impunidad ante los delitos cometidos en la esfera pública por funcionarios, todo en un marco legitimo avalado por una ley contra natura. Ningún juez que pretenda vivir de sus funciones dará curso a causas en que se involucre al Estado mismo, a sus funcionarios o al propio Poder Ejecutivo, a sabiendas que con una mayoría discrecional de la mitad mas uno bastara para pedir su desafuero y apartamiento de sus funciones. Esto es un avance liso claro y llano contra la división de poderes proclamada por la Constitución de 1853. Los jueces de la Nación no pueden tener cargos electivos (políticos) , sin embargo con esta reforma los jueces que quieran integrar el Consejo de la magistratura tendrán que hacerlo dentro de la boleta partidaria como también los abogados electos por los colegios de abogados.-
Si el Partido Político que se imponga tiene una mayoría abrumadora, el Consejo estará integrado totalmente por sus abogados y jueces, con lo cual el equilibrio de poderes que asegura nuestra Constitución, pasara a ser solo un enunciado. Los mismos jueces y abogados que quieran integrar el Consejo de la Magistratura deberán hacerse conocer, por lo que inevitablemente deberán empeñarse en campañas políticas, por lo que necesitarían una estructura partidaria para darse a conocer a los votantes.-
V.S: Esto implica lisa y llanamente la concentración DE LA SUMA DEL PODER PUBLICO EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL a instancias de los representantes de ambas Cámaras que votaron la reforma de la Ley aludida, lo que viola lo preceptos constitucionales y por ende la responsabilidad que asumieron y el juramento realizado, de respetar la Constitución Nacional, lo que evidencia sin lugar a dudas que la acreditación de los requisitos que conllevan al delito endilgado en el presente a los denunciados.-

III- LIMITACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 
En otra instancia, párrafo aparte merece la limitación y desvirtuación del instituto de las medidas cautelares dictadas por los Magistrados ante petición fundada de parte, las que serían cercenadas ante la sola impugnación del Estado.-
Ello conllevaría a la desnaturalización de dicho instituto jurídico, atento a su desvinculación temporal del proceso y del fondo de cualquier litigio en la medida, que no garantizará el cumplimiento de la sentencia recaída en la resolución definitiva, lo que es precisamente el fundamento legal de la medida cautelar dictada.-
El Instituto de las medidas cautelares, no fue legislado como un poder coercitivo, como pretende hacer valer el ejecutivo, sino todo lo contrario, existe para garantizar que el derecho del ciudadano común, no se torne ilusorio o sea que el derecho reconocido en sentencia, pueda ser efectivamente ejercido y satisfecho.-
Además, con el cercenamiento de las medidas cautelares contra los actos del Estado, se viola de manera flagrante, el derecho a la igualdad ante la ley tutelado en el art. 16 de la Carta Magna, pues si el Estado comete un acto reprochable en derecho, no puede de esta manera ser inimputable hasta el momento de la sentencia definitiva, pues la aplicación lisa y llana de ese acto, sobre los justiciables, causarán sin lugar a dudas perjuicios, que no podrán ser reparados y es precisamente para impedir ello, que existe y fue creado el instituto cautelar.-
Lo expuesto, evidencia un avance ilegal del Estado sobre los derechos esenciales de quienes litiguen contra él, dejando al simple justiciable al desamparo frente a aquél que cuenta con ilimitados recursos, recursos que se los otorga ese simple ciudadano al que el Estado debe proteger y al que deja desprotegido con su propio avasallamiento.-
Peligran los derechos básicos y esenciales de los ciudadanos de la Nación, ya que no bastara con su voto para lograr una mejor calidad de vida y de garantías como lo son la seguridad, el principio de defensa ante las arbitrariedades del estado y sus circunstanciales representantes. Peligran también los derechos de todos los habitantes y el desarrollo de la misma Nación, en cuanto a cualquier litigio comprendido entre un ciudadano, una empresa Nacional o Internacional y el Estado, desalentando cualquier inversión y menoscabando derechos fundamentales en el marco de cualquier diferencia legal llevada a los Tribunales. Entraña una desigualdad ante la ley, desenfada y arbitrariamente manifiesta.- 
Art. 43 de la Constitución Nacional: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de Autoridades Públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva ….”.-
Así también, lo prescribe La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del hombre” que con rango constitucional – conforme lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Carta Fundamental - prescribe en su Art. 5 “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar " y en su art., 18: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. También violatorios de la “Declaración Universal de los derechos humanos” con rango constitucional en su art. 8 expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución o la ley”. Violatorio del “Pacto de San José de Costa Rica”, con rango constitucional art. 25: 1- “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2- Los estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y c) a garantizar el cumplimiento, por la autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. La desprotección que significaría la limitación de las medidas cautelares entraña también una delegación de facultades al P.E. quien gozaría del privilegio inédito que no tendrán otros actores de apelar dichas medidas y obtener automáticamente su nulidad. También infiere una delegación de poderes que solo el Poder Judicial debería instrumentar, levantándolas, prolongándolas o negándolas si fuere el caso, pero no el Poder Ejecutivo en nombre del Estado. El Estado, es el Pueblo, no el Poder de Turno, por lo que no se puede consagrar el privilegio de un tratamiento discriminatorio para el mismo. Arrogarse el Estado la facultad expresa de decidir cuando son viables las medidas cautelares y cuando no, se trata de una acción de apropiarse de las facultades de otro Poder, que en éste caso, solo le corresponden al Judicial, por mandato Constitucional

IV-
Si todo este andamiaje de derechos individuales emanados de la Constitución y de Tratados a los que adscribió la Nación Argentina en 1994 y por tanto con rango Constitucional y que consagran las libertades de los ciudadanos y las medidas cautelares que se puede obtener del Poder Judicial para preservar esos mismos derechos, y para preservar su honor, patrimonio y honra, están siendo delegadas al Poder Ejecutivo a través de sus personeros y por los propios legisladores para imponer un manejo discrecional por parte del primero, arrebatando o condicionando a su simple arbitrio, derechos esenciales de la Ciudadanía, no cabe duda a mi entender, que el avance sobre ese poder “el judicial” , sobre ciudadanos, empresas o cualquier organización, representa lisa y llanamente una delegación de funciones de un poder a otro propiciada por el Poder Ejecutivo y ejecutada por mayorías legislativas circunstanciales, para la obtención de la SUMA DEL PODER PUBLICO por parte del primero. Hemos visto como sin pudor se han promulgado leyes sin siquiera debates entre las distintas fuerzas, todo en el marco de una democracia en que la mayoría circunstancial en el poder legislativo impone su agenda. No es posible imaginar que pasara al dominar el Poder Ejecutivo, dentro de un marco legal y a través de nuevos condicionamientos partidarios, al único poder de control de los otros dos como lo es el Poder Judicial de la Nación. La concentración será escandalosa y en sentido de hegemonizar cualquier política, protección o control de los actos de gobierno, todo en detrimento del ciudadano que anonadado, queda inmerso en una interpretación caprichosa y tergiversada de las funciones, facultades y potestades que tienen cada una de las Instituciones democráticas, las que a su vez, por imperio de la inconstitucionalidad de las normas en danza, quedan esencialmente desvirtuadas, desde la nulidad de los motivos, como para la finalidad para las que fueron creadas.- 
El poder judicial está concebido, para determinar cuáles son las leyes contrarias a la constitución y desecharlas a través de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas. Es el contralor que defiende al ciudadano que plantea la inconstitucionalidad. La medida cautelar está justamente creada para evitar perjuicios irreparables antes de dictar resoluciones definitivas y entre otra cosas para evitar que se ejecute una ley sobre la que se debate si es o no constitucional. ¿Qué pasa si se ejecutan los bienes de un ciudadano, se liquida una empresa, se enajenan patrimonios sin ningún resguardo legal y con medidas inconstitucionales y luego devienen fallos de revisión de lo resuelto o definitivos de inconstitucionalidad, y han derogado la única garantía de imparcialidad y protección del patrimonio como son las medidas cautelares? ¿Qué resguardo tendrá un ciudadano, una empresa, en fin, un litigante contra el estado? Algunos personeros del P.E. sostienen que el Estado siempre esta y no puede ser declarado insolvente, todo para justificar la improcedencia de una cautelar y la eventual procedencia de alguna acción reparadora posterior a una medida inconstitucional. Pues valdría recordar que el solvente estado del que hablan dejo de pagar a miles de ahorristas en 2001, a pesar de haber dictado el Poder Legislativo una ley de intangibilidad de los depósitos bancarios con antelación al estallido definitivo de la crisis. Habría que recordar que miles de jubilados aún esperan pacientemente que el Estado cumpla los fallos dictados en su contra por el 82% móvil, como ha fijado en sus fallos la Corte Suprema de la Nación. Pensemos simplemente que viabilidad tendrán esos reclamos sin una medida cautelar que obligue al estado a efectivizar esa deudas. Muchos fallecen aún antes de poder ver satisfechos efectivamente sus derechos.-
Que con las normas en cuestión y que han votado los denunciados en el presente libelo, busca el P.E tener una justicia “aggiornada” a sus deseos y los diputados y senadores que he detallado al inicio han incumplido sus deberes consolidando la concentración absoluta de dos poderes en uno. No es degradando las instituciones como se logra más democracia sino cumpliendo a rajatabla los preceptos de la Constitución Nacional y afianzando la República que implica necesariamente la independencia y el equilibrio entre los tres Poderes del estado. ¿Qué enajenación nos puede llevar a pensar que nuestros antepasados promulgaron una Constitución verdadero marco legal, Ley de Leyes, para que una mayoría circunstancial y temporal y a medio tiempo de finalizar su último constitucional mandato puede modificar a su antojo, interpretando arbitrariamente los preceptos institucionales, tratando de imponer la visión caprichosa de que las mismas pueden avasallar normas, leyes y como en el presente caso la misma Constitución Nacional, cambiando de cuajo el sistema Institucional pergeñado para dar mayores defensas a las minorías y aun a las mismas mayoría que también se perjudicaran inevitablemente con la presente ley ?
El articulo 29 de la Constitución Nacional prescribe: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del pode publico, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetara a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
La Constitución de 1853 sabiamente estableció este artículo a la vuelta de la dictadura del Gobernador Juan Manuel de Rosas, quien había sido investido por la legislatura bonaerense con la suma del poder público. Se trato de no volver a repetir los errores que tantas vidas costaron en nuestra historia, se trato de garantizar la vida, el honor y la fortuna de los argentinos blindándolas contra todo poder omnímodo, hegemónico o autoritario, en fin se trato de sentar las bases de un verdadero republicanismo. Son garantías constitucionales consagradas no pasibles de revisión, tangibles y concretas que aseguran como prescribe nuestro preámbulo, los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…
De lo que se trata esta reforma de la justicia es de deslegitimar los derechos ciudadanos otorgados en la carta magna, homogeneizando las decisiones del poder judicial y aggiornandolas al paladar del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de desplazar las facultades de un poder a otro, concentrando así más poder - al decir de Ciceron “más poder para hombres, que ya tenían demasiado Poder” o citando una de las mejores de sus frases 100 años A.C “los pueblos que no aprenden de su historia, están condenados a repetir sus tragedias” – la Argentina, ya ha vivido en tiempos antiguos como el citado hacia 1850 y en modernos con muchos ejemplos de autoritarismo y absolutismo en el siglo pasado, la suma del Poder Público, con resultados desastrosos y por qué no, resultados de tragedia tanto en vidas como en patrimonios de ciudadanos.-
Lo que realiza el Ejecutivo con la promoción de las leyes citadas, trata de un pretenso Republicanismo transformado en un absolutismo liso y llano, es este y no otro el objetivo final. Abogados constitucionalistas, Asociaciones de Magistrados, Colegios de Abogados, Cámaras Empresariales y hasta la Organización de Naciones Unidas, han condenado la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Al decir de la relatora de Naciones Unidas Gabriela Knaul “ La justicia no es un órgano Politico, existiendo un potencial riesgo que se rompa la independencia de la justicia”. Una visión absolutista de los derechos ciudadanos y de su garantía judicial ante un poder como el ejecutivo no es más que la entrega la suma del Poder Público. Delegación de funciones no previstas en la Constitución, con magistrados no elegidos entre sus pares y con pertenencia política solo aseguran el control cuasi total del poder judicial en beneficio del Poder Ejecutivo y aún del propio legislativo. El art. 33 de nuestra Constitución expresa: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. Pues de esto se trata el proyecto que busca delegar las funciones básicas del poder judicial como son la independencia misma de sus acciones, la protección de los ciudadanos o quienes estén perjudicados por otros poderes, y la negación de justicia que implica la tramitación de las causas por la creación de cámaras de casación que afectan su sustanciación en tiempo y forma, constituyen negación de derechos y garantías básicos de los habitantes de la Nación. El art. 109 de la misma carta magna sostiene: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” Pues, en la práctica, el P.E. tendrá injerencia y control directo del nombramiento de los jueces y procedimiento de su remoción, con la sola mayoría absoluta de sus miembros, ejerciendo así un condicionamiento para las causas que quiera promover o para las que quiera frustrar.-
En consonancia con lo expresado taxativamente por nuestra Carta Magna el Código Penal prevé en su art. 227 la sanción que les cabe a quienes propugnen el otorgamiento de facultades extraordinarias: “Serán reprimidos con las penas establecidas por el art. 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las Legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del Poder Público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona”.-
Art. 215 del Código Penal: “Sera reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el articulo precedente, en los siguientes casos: 1) Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, 2) Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República”

Como ciudadano vengo ante V.S. a hacer valer mis derechos, a tener la posibilidad de litigar contra el estado cuando corresponda, sin manejos discrecionales de los jueces a favor de este, y a ser escuchado y protegido por el Poder Judicial ante las embestidas que puedan ser arbitrarias por parte del mismo Estado. No solo el voto puede otorgarme los derechos que pretenden arrogarse desde el Poder Ejecutivo, es el propio Poder Ejecutivo el que tiene que respetármelos, ya que nada se encuentra por encima de la Constitución Nacional y los derechos adquiridos a través de la misma. El derecho a una justicia imparcial no es una gracia concedida por el poder Ejecutivo de turno, es un derecho inalienable que nace con el carácter de ciudadano mismo. Si mi derecho a una justicia igualitaria descansara en una sola persona, que a través de sus delegados podrá arbitrariamente decidir sobre mi vida, honra, honor o bienes, entonces estamos apartándonos peligrosamente de los principios básicos de nuestra Nacion, como es la Constitución Nacional y desvirtuando a la vez los objetivos de los demás Poderes. El Poder Ejecutivo no puede usufructuar funciones del Poder Judicial y mucho menos imponer a su arbitrio las condiciones privilegiadas que lo tendrán como parte en cualquier cuestión judiciable. Ningún iluminado puede arrogarse la facultad de cercenar derechos y libertades contemplados desde la misma fundación de la República. Los gobiernos pasan, lo que no puede finiquitar es el sistema, la Ley, los derechos y la Constitución, son inalienables pese a la caprichosa interpretación de algunos que crean estar por sobre ellos.-
La constitución además de interpretarse, se cumple y aún al momento de sancionar las normas que hacen a su operatividad, deben ser realizadas teniendo en mira ese cumplimiento y los motivos que llevaron a los constituyentes a través de nuestra historia como pueblo a sancionar los preceptos que forman parte de la misma. Pareciera ser que el avasallamiento mentiroso basado en un relato ficticio, sin consistencia y ya sin sustento, fuera suficiente para naturalizar los atropellos a la Carta Magna y los derechos ciudadanos esenciales como son la justicia independiente. La sociedad está alarmada y ha dado muestra de ello en movilizaciones inéditas y se encuentra un paso más delante de sus Instituciones y dirigentes, va siendo hora que quienes dicen representarlas hagan valer los derechos consagrados desde la misma fundación de la República y los sitúen por encima de caprichos demagógicos de mesiánicas personas.- Mis derechos como ciudadano no pueden ser cercenados aunque se le otorguen facultades extraordinarias al P.E. y aún al Legislativo. La Constitución Argentina no prevé el otorgamiento a ningún poder de facultades extraordinarias en ningún caso y bajo ninguna circunstancia y menos para asegurar un marco de impunidad a los funcionarios y al propio Estado y que pretenden consagrar “ad eternum” esa misma impunidad.-

V-
Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente de V.S. disponer la imputación y procesamiento de los representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores indicados que con su voto han promovido la delegación de funciones del poder judicial y manifiestamente procuraron concentrar la suma del poder público en manos del Poder Ejecutivo Nacional.-

VI.- PETITORIO: De V.S. requiero:
a) Se me tenga por presentado y por parte.-
b) Se dé curso a la presente denuncia y se ordene la investigación de los hechos, según corresponda.-
c) Oportunamente, en caso de corresponder, se ordene el procesamiento de los denunciados, por el delito que se les imputa y posterior elevación a Juicio Oral y Público de la causa, para su Juzgamiento.-
Sírvase V.S. Proveer de Conformidad, que
SERÁ JUSTICIA.-

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