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21 de diciembre de 2012

El presidente de la Rural dice que la estatización es "una venganza por la 125"

"Nos sorprendió, pero se puede esperar cualquier cosas de este Gobierno", dijo. Y confirmó que van a presentarse ante la Justicia contra el decreto que les quita el terreno, publicado hoy en el Boletín Oficial.

 

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, sostuvo hoy que la estatización del predio ferial de Palermo, anunciada ayer por el Gobierno, es "una venganza por la (resolución) 125" y otro "ataque al campo" por parte del kirchnerismo, al tiempo que confirmó que hoy mismo la entidad que preside se presentará ante la Justicia para cuestionar la medida.

 

El decreto formalizó hoy la decisión de expropiar el predio con la publicación del decreto en el Boletín Oficial. La norma, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, revoca el decreto del Carlos Menem de 1991 que permitió la venta del predio. Con la revocación de ese decreto del entonces presidente y hoy senador aliado al kirchnerismo, se revocan también "todos aquellos actos dictados en su consecuencia", como las posteriores transferencias parciales.

 

En declaraciones periodísticas, Etchevehere sostuvo la medida "no es sólo un ataque contra la Sociedad Rural sino contra el campo argentino" y "una venganza por la 125", la resolución de retenciones móviles del agro que, el 17 de julio de 2008, derrumbó el entonces vicepresidente Julio Cobos en el Senado.

 

"Nos sorprendió, por supuesto, pero ya se puede esperar cualquier cosas de este Gobierno", agregó el dirigente, que ratificó que "hoy mismo" se van a presentar ante la Justicia porque consideran que el decreto publicado esta mañana "es una aberración jurídica, un ataque a la propiedad privada".

 

La norma firmada por Fernández de Kirchner y Abal Medina ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a realizar "todos los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble" delimitado por las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro de la ciudad de Buenos Aires y "determinar las compensaciones que pudieren resultar de la revocación dispuesta".

 

Para la reestatización del predio, el Gobierno argumenta que la venta en 1991 se hizo de manera irregular y "a precio vil". En ese entonces, se acordó un precio de 30 millones de dólares, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó que el predio debería haberse pagado a 63,6 millones. El decreto resalta también que el proceso está en la Justicia en una causa en la que son investigados Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, entre otros. A diferencia del resto de los imputados, el ex presidente no está procesado.

Fuente: Clarín /AGP

 

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