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POLíTICA

12 de julio de 2012

Tras la revelación de irregularidades, el Gobierno suspende el contrato para el control de la tarjeta SUBE

Había sido adjudicado a una empresa que hizo la oferta más cara y declaró un domicilio inexistente en Londres. Estipulaba el desembolso de $ 47 millones y US$ 4,4 millones para la supervisión del sistema electrónico de boletos. Por el caso, un fiscal había pedido la citación del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

 

Luego de la revelación de diferentes irregularidades en el proceso licitatorio, el Gobierno suspendió esta noche el contrato para la supervisión de la tarjeta Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), por el que se había comprometido a pagar $ 47 millones y US$ 4,4 millones a una unión transitoria de empresas (UTE) que, entre otros puntos, declaró un domicilio inexistente en Londres. 


La decisión fue anunciada por el Ministerio del Interior y Transporte. A través de un comunicado, la cartera que dirige Florencio Randazzo puso puntos suspensivos en "la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que llevaba adelante la supervisión de la tarjeta SUBE". Y anunció que esa tarea quedará en manos, al menos en forma temporaria, a cargo del equipo de informática de la propia repartición.

Fuente: Clarín
Asimismo, el Ministerio dio "intervención a la Sindicatura General de la Nación para que en el marco de de sus competencias analice dicha contratación, sus alcances y las medidas que correspondan tomar al respecto". La cartera, además, anunció que pedirá la colaboración de la Auditoría General de la Nación para que trabaje "en el mismo sentido que la SIGEN".

 

Ayer, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por el modo en que fue adjudicada la licitación. Stornelli abrió su investigación en base a notas del diario La Nación y la documentación del proceso. Para el fiscal los que intervinieron en la licitación, tanto los funcionarios públicos, como los integrantes de la empresa cometieron los delitos denegociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y el desvío de fondos de un organismo internacional para fines diferentes a los destinados. El llamado a licitación fue organizado por la Secretaría de Transporte en tiempos de Schiavi y financiado con fondos del Banco Mundial.
 

La licitación fue ganada por la UTE conformada por Global Infraestructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA; Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad Anónima de Servicios Profesionales, y González Fischer & Asociados SA.
 

Para Stornelli, suena sospechoso que la firma GI con sede en el Reino Unido- y que habría participado del control del subte en Londres- tenga domicilios inexistentes . También que su director Stephen Chandler se hubiera comprometido a trabajar tiempo completo en el proyecto de control de la SUBE pero pasó muy pocos días en el país luego de que en 2011 se firmara el contrato.
 

Para el fiscal la licitación fue direccionada “a partir del ilegítimo interés presuntamente puesto en dicha contratación por los funcionarios públicos que la tramitaron y decidieron la misma,obligando abusivamente al Estado Nacional respecto de la misma y ante un organismo de Crédito Internacional, al disponer la contratación a un Consorcio de empresas de dudosa existencia y capacidad operativa para la tarea encomendada”. 
 

También cuestionó el sistema de evaluación porque la firma que ganóofreció un precio más caro en unos $ 10 millones que la que terminó segunda. Los empleados de la GI que provenían del exterior tenían previstos altos sueldos y enorme cantidad de viáticos además de pasajes para ir y volver a Europa. El fiscal sospecha que los argentinos que integraron algunas de las sociedades de la UTE, tienen relación con los funcionarios públicos que participaron proceso de licitación. Por eso pidió también la indagatoria de varias personas más, además de Schiavi.

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