El fiscal federal Miguel Ángel Osorio se decidió. Tras recibir en su despacho los voluminosos expedientes de cada una de las obras de las Madres de Plaza de Mayo pidió investigar los contratos para la construcción de viviendas sociales que gobiernos provinciales y municipales firmaron con su programa "Sueños Compartidos".

Este programa es uno de los tantos que lleva adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo que hasta hace unos días era manejada por Sergio Schoklender, uno de sus apoderados que está siendo investigado por posible defraudación y presunto lavado de dinero en otra causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide.

Las obras fueron financiadas por el Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, un hombre clave en la estructura del poder K. Y que por estas horas tiene puestos sus esfuerzos en evitar que el escándalo lo salpique.

Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que Osorio presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -que tiene una denuncia contra funcionarios estatales y Hebe de Bonafini- y solicitó investigar "a quienes hubieran firmado los contratos", tanto funcionarios públicos como directivos de Madres de Plaza de Mayo ante la posibilidad de que se hayan producido irregularidades.

La causa se inició por una denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, por la presunta contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas.

Sin embargo, el requerimiento que presentó Osorio no apunta a esas personas, sino a las provincias y municipios. Fue el Estado nacional el que les asignó los fondos para que hicieran la contratación de las obras, explicaron las fuentes.

Los voceros señalaron que la eventual responsabilidad de los funcionarios nacionales podría aparecer en una segunda etapa, pero sobre la "vigilancia y control" del uso del dinero.

Osorio le solicitó al juez Martínez de Giorgi una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación, que el magistrado deberá analizar si otorga o no.

Esta causa es independiente de la que tramita el juez federal Norberto Oyarbide contra el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, por presunto lavado de dinero y defraudación en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que habría utilizado para su beneficio a través de una veintena de empresas.

Schoklender volvió a presentarse hoy en los tribunales para negar que sean suyas las armas encontradas ayer durante un allanamiento a las oficinas de la empresa Meldorek, en tanto diputados de la Coalición Cívica ampliaron la denuncia en su contra por su incremento patrimonial y advirtieron sobre la "complicidad" de diferentes sectores del "poder político y económico".

Meldorek es una de las empresas a través de las cuales Schoklender habría retirado la plata que el Estado le otorgaba a la Fundación para la construcción de las viviendas y a su vez esa compañía era contratada por Madres para realizar las obras.

Fuente: Clarín / AGP