Finalmente, a 48 horas de que estalló el escándalo de los hermanos Schoklender y las denuncias contra el mayor de ellos por compras de terrenos sospechosas, el Gobierno tuvo que reaccionar. "Las investigaciones administrativas que realiza la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran protegidas por el secreto que la ley 25.246 impone a todos los funcionarios y empleados del organismo, por lo que el inicio, trámite y evolución de tales procesos es completamente confidencial hasta tanto alcancen estado judicial", dijo José Sbattella, presidente de la UIF, a través de un comunicado.

Esta mañana, la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, quien denunció a Sergio Schoklender el año pasado ante ese organismo, dijo que existe un "importante bloqueo de información". Y reclamó una pronta "respuesta" en torno a la investigación.

Conciente de la magnitud del escándalo, Sbatella recordó en el comunicado que "los funcionarios y empleados de la UIF están legalmente impedidos de difundir datos sobre las investigaciones administrativas". Además, instó "a quienes han promovido investigaciones ante la UIF a proceder con responsabilidad y a favor del éxito de los procesos".

Fuentes de la entidad cuestionaron la "consistencia de la denuncia" y revelaron que se inició un Reporte de Operaciones (ROS), aunque se negaron a dar detalles de la investigación contra el mayor de los Schoklender.

Quiroz recibió el año pasado una serie de documentos que probaban dos operaciones inmobiliarias sospechosas ejecutadas por Schoklender. Se trataba de dos terrenos -con casas incluidas- compuestos de 12 lotes uno y de 4 lotes el otro vendidos a tarifas insólitas: U$S 95 mil y U$S 65 mil respectivamente.

Fuente: Clarín /AGP