La transformación de la política de seguridad que impulsa la ministra Nilda Garré es más profunda de lo que creen algunos integrantes del Gabinete. Ahora la directiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “controlar la protesta social”, evitar las tomas, los acampes y hasta los piquetes.

En su despacho, la Presidenta habla de “controlar de manera inteligente” las protestas sociales y “evitar cualquier tipo de desborde”. Garré ya puso en marcha el plan, bajó línea a las fuerzas a su cargo e hizo firmar a los ministros de Seguridad de las provincias un “acta-acuerdo”, una suerte de protocolo para el uso del poder del Estado para desarticular las manifestaciones públicas.

Todo indica que lo que no está firmado forma parte de un acuerdo tácito. Todos tendrán participación, desde la Policía Federal hasta la Secretaría de Inteligencia. El Gobierno buscará garantizar el control del tránsito, pero principalmente impedir protestas violentas con ingredientes políticos.

La estrategia es “actuar con la máxima rapidez”, explicó a PERFIL un funcionario de la cartera de Seguridad que prefirió mantener su nombre en reserva. El procedimiento, a grandes rasgos, está resumido en tres pasos: “Primero ver cuál es el conflicto; segundo, determinar quiénes son los actores principales; tercero, detectar los potenciales actores desestabilizadores, y por último negociar para solucionar el conflicto”.
 

Fuente: Perfil /AGP