El\u00a0pr\u00f3ximo martes<\/strong>\u00a010 de marzo comenzar\u00e1 el primer juicio contra cinco personas detenidas en\u00a0aplicaci\u00f3n del llamado \u201cprotocolo antipiquetes\u201d<\/strong>\u00a0de Patricia Bullrich. Quienes se sentar\u00e1n en el banquillo de los acusados hab\u00edan estado en las inmediaciones del Congreso para\u00a0participar de un festival cultural con el que se protestaba contra la Ley Bases.<\/strong>\u00a0Los \u00fanicos elementos en su contra son las declaraciones de los efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA).<\/p>\n\n\n\n El 2 de febrero de 2024 hubo una sesi\u00f3n especial en la C\u00e1mara de Diputados para tratar el proyecto impulsado por Javier Milei. En paralelo, \u201cUnidos por la cultura\u201d organiz\u00f3 un festival para protestar contra las pol\u00edticas del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).<\/p>\n\n\n\n Para evitar cortar las calles y, de esa forma, no habilitar la puesta en marcha del \u201cprotocolo antipiquetes\u201d, el escenario se mont\u00f3 sobre la Plaza del Congreso. <\/strong>Los organizadores acordaron la ubicaci\u00f3n con funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Todo iba m\u00e1s o menos bien hasta que entre las 18.30 y 19 empez\u00f3 a percibirse que la polic\u00eda hab\u00eda lanzado gases irritantes. A las 21, mientras tocaba la banda Arbolito, se empezaron a escuchar los estruendos de las escopetas.<\/p>\n\n\n\n Ese 2 de febrero, 65 personas requirieron asistencia en la posta sanitaria, seg\u00fan un informe de la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM). La Polic\u00eda de la Ciudad y la PFA detuvieron a catorce manifestantes. Cinco ir\u00e1n a juicio bajo la acusaci\u00f3n de atentado contra la autoridad<\/strong>, que tiene una pena que va desde un mes hasta un a\u00f1o de prisi\u00f3n (en suspenso).<\/p>\n\n\n\n Los acusados son Astor Valent\u00edn Gal\u00e1n Vizgarra, Joaqu\u00edn Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaqu\u00edn Arr\u00faa. La acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal es que, cerca de las 00.20 del 3 de febrero de 2024, arrojaron piedras y botellas de vidrio hacia el personal de la PFA que procedi\u00f3 a detenerlos.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el fiscal Tom\u00e1s Vacarezza, el episodio no debe ser juzgado como un caso aislado, sino como un \u201checho grave que atent\u00f3 contra las instituciones de nuestro pa\u00eds\u201d. Entre los elementos que le faltan al fiscal est\u00e1n los que supuestamente arrojaron los cinco manifestantes. <\/strong>La versi\u00f3n oficial para explicar la carencia fue que hubo un \u201cfuerte enfrentamiento\u201d que impidi\u00f3 a los agentes recolectar la prueba. \u201cA partir de los testimonios del personal policial es posible advertir que los acusados no fueron a manifestarse pac\u00edficamente\u201d, escribi\u00f3 Vacarezza en el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio.<\/p>\n\n\n\n Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)<\/strong>, que ejerce la defensa de los cinco acusados, sostienen que se trata de un caso de criminalizaci\u00f3n de la protesta<\/strong> fabricado en base a declaraciones de los polic\u00edas que no se condicen con los hechos. Gal\u00e1n Vizgarra no estaba tirando piedras ni botellas cuando lo detuvieron; estaba caminando de espaldas al Congreso y fue corrido por un polic\u00eda que lo redujo. En el caso de Denuble se lo ve en las filmaciones tocando una flauta mel\u00f3dica todo el tiempo. Arr\u00faa estaba cantando consignas cuando fue arrestado. Gould, por su parte, asist\u00eda a una mujer que estaba tirada en el piso y Esquivel se alejaba de la represi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cNos parece grave que una causa en la que la prueba muestra que no se estaba cometiendo il\u00edcito alguno llegue a juicio oral\u201d<\/strong>, dice el abogado Mart\u00edn Alderete <\/strong>en di\u00e1logo con P\u00e1gina\/12.<\/strong> \u201cLa fiscal\u00eda no tuvo inter\u00e9s en producir pruebas. Hubo polic\u00edas a los que les tomaron declaraci\u00f3n por tel\u00e9fono. Es muy peligrosa la orfandad probatoria con la que se llevan adelante procesos judiciales contra personas que fueron detenidas en el marco de una protesta\u201d, a\u00f1ade el integrante de la Cadep.<\/p>\n\n\n\n El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)<\/strong> interviene en el proceso como amicus curiae <\/em>(amigo del tribunal). El organismo coincide con el diagn\u00f3stico hecho por Alderete y sostiene que se est\u00e1 ante un proceso de criminalizaci\u00f3n de la protesta tal como lo define la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): \u201cconsiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta<\/strong> y, en algunos casos, de la participaci\u00f3n social y pol\u00edtica en forma m\u00e1s amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcionado o reiterado de la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes<\/strong>, activistas, referentes sociales o pol\u00edticos por su participaci\u00f3n en una protesta social, o el se\u00f1alamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo o entidad organizadora o convocante\u201d.<\/p>\n\n\n\n En su escrito, el CELS denunci\u00f3 que el 2 de febrero de 2024 hubo detenciones arbitrarias y que las actas policiales se labraron con una f\u00f3rmula id\u00e9ntica para describir la conducta de los imputados.<\/p>\n\n\n\n Lo m\u00e1s grave para el organismo de derechos humanos fue la labor del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires. Seg\u00fan el CELS, no actu\u00f3 de manera objetiva con el \u00fanico fin de mantener la acusaci\u00f3n e incluso estir\u00f3 los plazos de manera ilegal. \u201cDe ninguno de los materiales audiovisuales surge alguna conducta siquiera cercana a la endilgada por el MPF respecto al lanzamiento de piedras, insultos a oficiales de polic\u00eda o utilizaci\u00f3n de fuerza f\u00edsica en su contra\u201d, resaltaron en la presentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u00c9ste ser\u00e1 el primer juicio contra manifestantes detenidos en el marco de la aplicaci\u00f3n del protocolo antipiquetes, que fue declarado nulo en diciembre pasado<\/strong> por el juez federal Mart\u00edn Cormick.<\/p>\n\n\n\n Est\u00e1 previsto que el proceso comience el martes a las 9 de la ma\u00f1ana y se extienda hasta el jueves. La jueza Mar\u00eda Julia Correa <\/strong>deber\u00e1 definir si hubo alguna acci\u00f3n ilegal o si se trat\u00f3 de un ataque contra las libertades democr\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n AGP Organismos de DDHH denuncian que se trata de un caso de criminalizaci\u00f3n de la protesta…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2187,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,36],"tags":[],"class_list":["post-2186","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion","category-recientes"],"yoast_head":"\n
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