Tan solo cuatro d\u00edas despu\u00e9s de la marcha del 24 de marzo pasado<\/strong>, Luis Petri <\/strong>tom\u00f3 la decisi\u00f3n de eliminar los equipos que relevaban y analizaban (ERyA) los archivos <\/strong>de las Fuerzas Armadas <\/a>para contribuir con las causas de lesa humanidad<\/strong>. A los expertos que los integraban los caracterizaron como \u201cvengadores\u201d y los acusaron de hacer \u201cmacartismo\u201d contra los militares. Fue el primer moj\u00f3n en un a\u00f1o que estuvo caracterizado por el af\u00e1n de la administraci\u00f3n de Javier Milei por desmontar las pol\u00edticas p\u00fablicas de Memoria, Verdad y Justicia <\/strong>que hacen de Argentina un ejemplo en el mundo. No fue s\u00f3lo motosierra contra \u00e1reas sensibles del Estado; fue parte de un plan de impunidad<\/strong><\/a> que denunciaron desde los organismos despu\u00e9s de que se conociera el c\u00f3nclave entre diputados de La Libertad Avanza (LLA) y los represores que est\u00e1n presos en el penal de Ezeiza. Todos estos temas estar\u00e1n presentes en el documento que el movimiento de derechos humanos leer\u00e1 el lunes en Plaza de Mayo<\/strong> al concluir la marcha por los 49 a\u00f1os del golpe de Estado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Para 2010, los juicios por cr\u00edmenes de lesa humanidad hab\u00edan empezado a tomar ritmo. El inicio hab\u00eda sido dif\u00edcil: procesos por pocos casos y la desaparici\u00f3n de Jorge Julio L\u00f3pez, testigo y querellante contra el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. Pese a eso, los juicios no se detuvieron y empezaban a tomar envi\u00f3n. En enero de 2010, Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner firm\u00f3 el decreto 4 a trav\u00e9s del cual desclasificaba la informaci\u00f3n en poder de las Fuerzas Armadas que estuviera vinculada a los a\u00f1os del terrorismo de Estado.<\/p>\n\n\n\n Como consecuencia de ese decreto, Nilda Garr\u00e9 cre\u00f3 en el Ministerio de Defensa los ERyA. Meses despu\u00e9s, replicar\u00eda la experiencia en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich desarm\u00f3 esa estructura cuando fue ministra de Mauricio Macri. Sin embargo, en Defensa, los ERyA continuaron hasta marzo del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n La excusa del Gobierno libertario para desarmarlos fue que hac\u00edan tareas \u00abparajudiciales\u00bb. M\u00e1s de 30 fiscales le reclamaron a Petri que revisara su decisi\u00f3n<\/a> porque se quedaban sin insumos confiables para los juicios, pero el ministro oficializ\u00f3 el desmantelamiento a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n que firm\u00f3 en julio pasado.<\/p>\n\n\n\n \u201cUn buen ejemplo de la utilidad que ten\u00edan los distintos equipos estatales es el fallo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 acaba de dictar con los fundamentos por los cuales fue condenado Horacio Luis Ferrari,<\/a> un alto oficial de la Armada. Ah\u00ed, el tribunal pondera al detalle la prueba documental de la acusaci\u00f3n y esa prueba, en su enorme mayor\u00eda, fue provista por el EyRA de Defensa\u201d, explica el fiscal F\u00e9lix Crous<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEste episodio permite dimensionar de qu\u00e9 modo se puede atacar un proceso de memoria, verdad y justicia, sin el dictado de normas de impunidad \u2013como indultos o leyes de amnist\u00eda. La velocidad para desmontar este equipo de trabajo nos hace pensar que efectivamente todav\u00eda hay informaci\u00f3n para relevar<\/strong>. Me parece que el Gobierno asume una posici\u00f3n af\u00edn a la dictadura y de hostilidad a las pol\u00edticas de Memoria, Verdad y Justicia\u201d, concluye Crous, que remarca que los \u00faltimos pedidos que hicieron desde la unidad fiscal al Ministerio de Defensa no tuvieron respuesta.<\/p>\n\n\n\n En enero, la Armada inici\u00f3 un proceso para mudar su archivo general. Para la mudanza, ten\u00eda previsto destruir documentaci\u00f3n<\/a> \u2013algo que fue advertido por Archivistas en Funci\u00f3n P\u00fablica Argentina (AFPA). Lo fren\u00f3 la jueza de San Mart\u00edn Alicia Vence<\/a>. El fiscal Miguel Palazzani,<\/strong> que act\u00faa en las causas de Bah\u00eda Blanca y Neuqu\u00e9n, fue uno de los que reclam\u00f3 que se impidiera la maniobra que estaba por llevar adelante la Marina. \u201cVoy a ser claro: el desmantelamiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas significa impunidad y responsabilidad internacional del Estado argentino\u201d<\/strong>, afirma Palazzani.<\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) <\/strong>se cre\u00f3 en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y para cumplir con la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o. Su conformaci\u00f3n fue ratificada por ley. En 2004, N\u00e9stor Kirchner firm\u00f3 el decreto 715 que creaba una unidad especial de investigaci\u00f3n (UEI) dentro de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a los archivos que ten\u00eda el Poder Ejecutivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Defensa fue el primer ministerio en retacear informaci\u00f3n a Conadi. En mayo, fue el turno de Bullrich, que, adem\u00e1s, promocion\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/a>En agosto, Milei firm\u00f3 el decreto 727 para eliminar la UEI de Conadi.<\/a> El argumento fue que hac\u00eda una tarea que le correspond\u00eda al sistema de justicia.<\/p>\n\n\n\n Desde su creaci\u00f3n, la UEI de Conadi abord\u00f3 6938 casos: resolvi\u00f3 2468 y tan solo un 25 por ciento debi\u00f3 ser derivado para que lo tramitara el Poder Judicial. \u201cEs claro que la Conadi tiene que seguir con esas tareas y no puede derivar 6000 casos a la justicia.<\/strong> En los \u00faltimos meses, la situaci\u00f3n se fue agravando. Hay cada vez menos personas empleadas y se increment\u00f3 la inestabilidad. El Estado tiene una obligaci\u00f3n clara y debe continuar con estas pol\u00edticas hasta que aparezca el \u00faltimo nieto o la \u00faltima persona desaparecida\u201d, afirma Carolina Villella<\/strong>, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo \u2013que, a pesar del desmantelamiento general, en los \u00faltimos meses pudo celebrar que encontr\u00f3 a un nieto<\/a> y a una nieta<\/a>.<\/p>\n\n\n\n No es solo la Conadi la que est\u00e1 en riesgo. El Banco Nacional de Datos Gen\u00e9ticos (BNDG)<\/strong> funciona con el mismo presupuesto que en 2023. \u201cNo tiene una partida acorde a las necesidades\u201d, reclama Villella.<\/p>\n\n\n\n Por la ola de despidos, el Registro Unificado de V\u00edctimas del Terrorismo (RUVTE) <\/strong>qued\u00f3 reducido a una m\u00ednima expresi\u00f3n. \u201cHac\u00eda un trabajo impresionante al descubrir las identidades de personas que han sido victimizadas as\u00ed como las de los nietos y las nietas. Lamentablemente, despidieron a la mayor\u00eda de sus trabajadores, y eso se nota. Lo mismo pasa con la Conadi o con el Centro Ulloa, que hace un trabajo trascendente porque acompa\u00f1a a las personas cuando testimonian. En La Plata, por ejemplo, el Ulloa no est\u00e1 haciendo acompa\u00f1amiento\u201d, detalla la auxiliar fiscal Ana Oberlin<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Desde que Alberto Ba\u00f1os<\/strong> se hizo cargo de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n (SDH),<\/a> este organismo perdi\u00f3 a m\u00e1s de la mitad de sus trabajadores. En diciembre de 2023, hab\u00eda 1050 empleados que bajaron a 500 en poco m\u00e1s de un a\u00f1o, seg\u00fan estimaciones de la Asociaci\u00f3n de Trabajadores del Estado (ATE)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Ba\u00f1os, exjuez, despidi\u00f3 a quince delegados e instal\u00f3 a la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) a controlar los ingresos a la SDH<\/strong>, que tiene su sede en lo que fue el campo de concentraci\u00f3n de la Escuela de Mec\u00e1nica de la Armada (ESMA). Seg\u00fan denunci\u00f3 la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM), la polic\u00eda tambi\u00e9n habr\u00eda hecho tareas de inteligencia ilegal <\/strong>en las protestas por el desmantelamiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n La \u00faltima tanda de despidos<\/a> afect\u00f3 a abogados que act\u00faan como querellantes en los juicios de lesa humanidad, dejando algunas zonas desguarnecidas<\/strong>. Ba\u00f1os tambi\u00e9n ech\u00f3 a los peritos que interven\u00edan en los procesos. El despido de la psic\u00f3loga Adriana Taboada, por ejemplo, fue celebrado por Justicia y Concordia, la asociaci\u00f3n que re\u00fane a los abogados defensores de los imputados por cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n\n\n\n En enero, el fiscal Alejandro Alagia le advirti\u00f3 al Poder Judicial que exist\u00eda riesgo en el resguardo de la documentaci\u00f3n que almacena el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)<\/a>, donde se conserva el material que produjo la Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas (Conadep)<\/strong>. El ANM qued\u00f3 tambi\u00e9n muy golpeado con los despidos de personal.<\/p>\n\n\n\n Desde el 2 de enero, Ba\u00f1os dispuso el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.<\/a> En un primer momento, el secretario hab\u00eda dicho que pensaba reabrirlo en febrero o marzo con una nueva programaci\u00f3n. No sucedi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En septiembre, Ba\u00f1os ya hab\u00eda censurado el seminario internacional sobre pol\u00edticas de la memoria<\/a>, que se hab\u00eda hecho durante quince a\u00f1os. Cuando Mat\u00edas Cerezo, uno de los coordinadores que hab\u00eda estado desde el inicio del Conti, le pidi\u00f3 explicaciones, Ba\u00f1os respondi\u00f3 que el lugar era un \u201cantro ideol\u00f3gico\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u2013Ustedes que dicen que es un espacio tan democr\u00e1tico: \u00bfpodr\u00eda invitar a alguien que defienda a (Jorge Rafael) Videla?\u2013 lo provoc\u00f3 Ba\u00f1os a Cerezo.<\/p>\n\n\n\n \u2013No, porque eso ser\u00eda un delito\u2013 le respondi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) <\/strong>sirve de muestra para entender c\u00f3mo administra Ba\u00f1os la SDH. Fuerte control y disciplinamiento, presencia policial en el predio y un discurso hostil hacia las organizaciones de derechos humanos que co-gestionan. <\/strong>As\u00ed lo resume Ver\u00f3nica Torras<\/strong>, directora ejecutiva de Memoria Abierta e integrante de la comisi\u00f3n directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).<\/p>\n\n\n\n De la SDH dependen los sitios que funcionan en lo que fueron los centros clandestinos conocidos como Olimpo, Automotores Orletti, Club Atl\u00e9tico, Virrey Cevallos, El Faro (Mar del Plata), RI9 (Corrientes) y La Escuelita (Tucum\u00e1n).<\/p>\n\n\n\n \u201cUna de las pol\u00edticas m\u00e1s agredidas ha sido la de los sitios de memoria por los despidos y el desfinanciamiento\u201d, remarca Torras.<\/strong> En los \u00faltimos meses, Ba\u00f1os inform\u00f3 que no se podr\u00edan hacer actividades que no fueran espec\u00edficamente autorizadas por \u00e9l. Fue a la justicia para frenar un recital de Milo J en la exESMA y la presentaci\u00f3n de un libro en El Faro.<\/p>\n\n\n\n En enero, Ariel Lijo \u2013el juez que Milei quiere en la Corte Suprema\u2013 le encomend\u00f3 a Ba\u00f1os ocuparse del mantenimiento de los espacios.<\/a> Le dijo que deber\u00eda garantizar que pudieran abrirse \u2013sobre todo despu\u00e9s de que despidieran a todo el personal de Virrey Cevallos\u2013, hacer investigaci\u00f3n y trabajo con la comunidad. La resoluci\u00f3n se produjo a partir de una presentaci\u00f3n de la legisladora Victoria Montenegro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u201cLo que necesitamos es pensar estrategias que nos permitan estar unidos y no solo enfrentarlos sino tambi\u00e9n defender con mucha fuerza no s\u00f3lo los sitios, sino c\u00f3mo se va a escribir la historia. Ellos no van a parar y nosotros no podemos ceder\u201d, afirma Montenegro.<\/p>\n\n\n\n Por decreto de necesidad y urgencia (DNU), Milei decidi\u00f3 resucitar la Secretar\u00eda de Inteligencia de Estado (SIDE)<\/a> \u2013el mismo nombre que el organismo adopt\u00f3 en 1976. Durante muchos a\u00f1os se hab\u00eda dicho que en la SIDE no hab\u00eda papeles de aquellos a\u00f1os. Cuando la exfiscal Cristina Caama\u00f1o lleg\u00f3 como interventora, se prob\u00f3 que esa afirmaci\u00f3n no era cierta.<\/a> Documentaci\u00f3n hab\u00eda, y era necesario relevarla. Para eso, se cre\u00f3 un programa. En 2021, se conform\u00f3 una mesa con los organismos para discutir qu\u00e9 se har\u00eda con esos documentos.<\/a><\/p>\n\n\n\n La mesa se descontinu\u00f3. Ante una consulta del CELS, Memoria Abierta y Abuelas, la SIDE mile\u00edsta contest\u00f3 que hab\u00eda decidido disolverla porque la tarea estaba completada. La informaci\u00f3n nunca se hizo accesible <\/strong>ni se entregaron los inventarios de lo que se hab\u00eda encontrado.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa mayor parte de las pol\u00edticas de Memoria, Verdad y Justicia ha sido afectada de manera regresiva. Todo en el marco de un discurso que tiende a desactivar los consensos m\u00ednimos que se hab\u00edan construido en rechazo al autoritarismo y al terrorismo de Estado. <\/strong>Esa narrativa parecer\u00eda plantear que las fuerzas, por ejemplo, han sido humilladas por las pol\u00edticas de derechos humanos\u201d, se\u00f1ala Torras.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de la represi\u00f3n del 12 de marzo, Milei volvi\u00f3 a pronunciar una frase que ya hab\u00eda dicho: \u201cLos buenos son los de azul\u201d. Es su forma de respaldar a los uniformados. En otras oportunidades tambi\u00e9n llam\u00f3 a la \u201creconciliaci\u00f3n\u201d con las fuerzas. Su ministro de Defensa, Petri, dijo que desde el 10 de diciembre de 2023 se habla de \u201cmemoria completa\u201d en la Argentina, adoptando una expresi\u00f3n que sali\u00f3 de la jefatura del Ej\u00e9rcito hacia finales de los a\u00f1os \u201890 para contrarrestar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos.<\/p>\n\n\n\nLa b\u00fasqueda de los nietos<\/h2>\n\n\n\n
El desmantelamiento de la SDH<\/h2>\n\n\n\n
Los sitios bajo ataque<\/h2>\n\n\n\n
Los papeles de la SIDE<\/h2>\n\n\n\n
El plan de impunidad<\/h2>\n\n\n\n